3.
Atacama y la población atacameña en el proyecto de
formación de un Estado nacional boliviano (1825-1879)
Atacama,
que en la época colonial pertenecía a la Audiencia de Charcas en
el llamado “Alto Perú”, pasó a formar parte de la
República de Bolivia, cuando Simón Bolívar en la batalla de
Ayacucho libera lo que constituía el Virreinato del Perú. Esta
situación se prolongará hasta 1879, fecha en que como consecuencia
de la Guerra del Pacífico, fue integrada a Chile y anexada años
más tarde, en 1904.
En los
comienzos de esta nueva república, Bolívar y Sucre impusieron una
política liberal que prontamente fue apartada por una fracción
conservadora -ex-realistas de la independencia-. De este modo, el diseño
de la sociedad boliviana del siglo XIX será de una estructura social
neocolonial que reproducirá la división de la sociedad: por una
parte indígena y por la otra, la oligarquía que ejerce el poder y
control sobre las tierras y el trabajo
indígena.
Bajo el
gobierno de Bolívar, se proyectó la construcción de un
puerto que funcionara de manera
autónoma.
A través de expediciones hacia el litoral, se comienza la
habilitación del Puerto de Cobija bajo el nombre de Puerto de Lamar, que
unirá a Bolivia con el Pacífico por la vía
Cobija-Potosí; -decretado por Simón Bolívar en el
año
1825-.
De este
modo, entre 1825 a 1842, la provincia de Atacama abarcaba desde el río
Loa por el norte, hasta Paposo por el sur, que a su vez era el límite
norte de Chile -allí estaba la Intendencia de Copiapó-, y la costa
del Océano Pacífico por el oeste hasta la provincia boliviana de
Lípez junto con las provincias argentinas de Salta, Tucumán y
Catamarca, incluyendo la puna de Atacama -que era parte de Lípez y parte
de Atacama-, por el
este.
Sin
embargo, la habilitación del puerto fue lenta, puesto que era necesario
mejorar los caminos, buscar postas con agua, pastos y comida, construir
almacenes, aduanas, casas, muelles, iglesia, escuela, hospital, y todo lo
necesario para atraer el comercio. En este sentido, poblar el puerto y fomentar
la arriería eran tareas de primer
orden;
y por ello, las poblaciones que se asentaban en las riberas del río Loa,
se convertirán en las intermediarias del tráfico trasandino a
larga distancia. A mediados del año 1827 se dio inicio a la
habilitación formal del puerto de Cobija. No obstante, la falta de agua
para sembrar y la falta de gente para establecerse en el puerto, fueron los
grandes obstáculos para el ideal de puerto que buscaba Bolivia.
Al
tiempo que Atacama estaba bajo la jurisdicción boliviana, sus autoridades
no exigieron la tributación a los atacameños por temor a que ellos
emigraran hacia Argentina. A esto se suma, las grandes expectativas de
desarrollo económico que se tenía sobre la reactivación de
Cobija. Pero la ausencia del tributo duró muy poco tiempo, puesto que la
Asamblea Constituyente boliviana la reimpuso en 1826 -bajo el nombre de
contribución directa- y la reestableció definitivamente en Atacama
en
1827.
Los atacameños fueron explotados a través del tributo y en
numerosos servicios personales: empleados domésticos, sirvientes en
tambos y posadas, cargadores, transportistas de correo, mozos de iglesia,
etc..
Como consecuencia, más de la mitad de las finanzas del Estado fueron
obtenidas por este medio, es decir, el tributo indígena sostuvo en gran
parte al Estado boliviano, y a pesar de su definición moderna -de
Estado-, continuó la dependencia crónica de un tipo de pacto
político premoderno que conservó formas neocoloniales de
relación con la población
indígena.
Este pacto político de subordinación, consistía en que el
Estado reconocía la propiedad de la tierra a los indígenas y en
retorno, ellos cancelaban el
tributo.
Fue en la figura del gobernador, representante del Estado, donde radicó
la reproducción de este pacto de dominación. En este contexto,
habría que agregar que los tributarios atacameños bordearon las
mil personas y la tributación fue invertida básicamente en obras
destinadas a la ruta oficial
Cobija-Potosí.
Atacama
va adquiriendo importancia para Bolivia, tanto por su proximidad al puerto de
Cobija -ahora autónomo-, por el cual circulaban bienes e
información crucial para el país; como también por las
guaneras ubicadas en la
costa,
por la producción de plata que se exportaba por este puerto, cobre y
después salitre. Por el año 1829 y con el fin de otorgar una mayor
autonomía al puerto y atraer a los comerciantes ultramarinos, Santa Cruz
“... independizó la provincia de Atacama de la prefectura de
Potosí, erigiéndose el Litoral como un gobierno
independiente...”.
Es
importante destacar, por una parte, que al restablecerse el tributo en Atacama
en el año 1827, con ello también se reconoció en las
comunidades indígenas “... la posesión de bestias como de
tierras... ”, precisamente para que cumplieran con el pago del tributo.
Por otra parte, en el mismo año se habilitó Cobija y se
decretó la repartición de terrenos a los nuevos pobladores para
fomentar el puerto, extendiéndose deliberadamente una política
para repartir tierras a pobladores foráneos, con títulos
individuales. Al tanto, la tenencia de la tierra indígena al interior de
la región, estuvo bajo de una serie de irregularidades, aún
más, aquellos suelos de las comunidades atacameñas que se
encontraron sin uso -ni poblados o cultivados-, también fueron
concedidos.
La verdad es que había una duda general en todo el país sobre el
derecho de propiedad de los indígenas y en consecuencia se dicta una ley
que normara al respecto:
“...
que se les declare la propiedad a los caciques, extinguidos de sangre y sus
legítimos descendientes de los terrenos que como tales poseían y
gozaban en tiempo del gobierno español; igualmente que a los
indígenas contribuyentes de aquellos en cuya pacífica
posesión se hayan mantenido por más de 10
años...”.
Al
indígena no se le otorgó el derecho de vender sus tierras y por
ello en el año 1838, se decretó nula la venta de tierras de
indígenas.
El
Estado boliviano no establecía distinciones entre las diversas
poblaciones locales, sino que las agrupaba a todas bajo el rótulo general
de indígenas, de este modo las diferenciaciones de carácter
locales fueron adquiriendo mayor
importancia.
En
la documentación que existe disponible para esta época, se
describe la condición de “marginalidad” de la región
de la puna, donde algunos de sus habitantes fueron designados como
“primitivos” y más “pobres”, en relación
con aquellos que habitaban las tierras bajas de Atacama, quienes fueron
considerados más propensos a ser “civilizados” (sic.). La
diferenciación radicaba en las condiciones hostiles del medio y sus bajas
potencialidades
agrícolas,
porque las capacidades cultivables de la tierra eran el principal referente para
establecer si una comunidad poseía recursos. Estos habitantes de Atacama,
eran considerados como “... gente pobre con pocos ganados y mal versados.
Más inclinados a vivir en cuevas, que a asociarse con gente de
razón...
”.
Esta condición, permitió a los indígenas la
adquisición de una situación tributaria diferente, “... por
la situación deplorable en que se hallan los indijenas de los cantones de
Susques y del Rosario. Estos hombres no pueden humanamente pagar la tasa, porque
carecen de terrenos para poder sembrar pues viven en los mas fragoso de la
cordillera...”.
Además,
como Argentina no cobraba tributo, la República boliviana estaba en una
situación de tensión frente a la probabilidad de que los
habitantes de Atacama emigraran hacia esa República. De este modo, la
solicitud de bajar el tributo -bajo presión de migración- se
entiende como una estrategia indígena. Aparte del temor por la
migración, el gobernador de Atacama manifestaba en su correspondencia al
Ministro de Hacienda, la precaria presencia del Estado boliviano en la
región fronteriza, donde se ejercía una soberanía mas bien
nominal:
“...
considere V.S. que estos individuos viven a las distancias de noventa y cien
leguas de la capital de aquella parte de la cordillera: que esta es
intransitable en la estacion de frios, y que por estos motivos apenas conservan
una dependencia nominal de nuestra República; (...)
Concluyo,
no obstante, repitiendo a V.S. la circunspección que demandan los
cantones de la frontera arriba referida, no perdiendo de vista que aquellos
indígenas participan ya mucho del caracter argentino, y que es necesario
contemporizarlos en alguna manera, para evitar su emigracion y el despueble de
esta provincia que tanto necesita de
brazos...”.
El
Gobernador Aramayo, quien fuera desde 1826 Gobernador de Atacama,
suspendió la recaudación en los anexos de la Puna de Atacama en el
año 1831, hasta establecer los montos a cobrar; entonces, el gobierno
boliviano sometió un proyecto de ley para rebajar el tributo en
Antofagasta de la Sierra, Susques y Rosario, que finalmente fue aprobado un
año después.
Todo
esto describe la capacidad activa de los dirigentes indígenas para
intervenir y defender sus intereses ante el poder político.
Además, “... el asentamiento disperso, la escasa población y
la condición de ‘indios’ de sus habitantes -carentes
además de todo compromiso hacia el resguardo soberano hacia el
territorio- representaban para en Estado boliviano los principales
obstáculos a una gestión más
eficiente...”;
y estos factores, más la inestabilidad política, les
permitió a la población local mantener una relativa
autonomía. Pero otra lectura, se relaciona con el desconocimiento y
desinterés por comprender las pautas de poblamiento de estas poblaciones
indígenas, de su movilidad y del patrón de asentamiento disperso,
muy complejos para ser percibidos por los funcionarios de aquella
época.
3.1.
La economía y sociedad atacameña en el siglo XIX
Los
comienzos del XIX son claves para entender el cambio de régimen de la
tierra, es decir cambio del campesino de las chacras de “panllevar”,
a grandes “fincas” de alfalfales. Esto sucede por una
política económica para fomentar la agricultura a raíz de
la habilitación del puerto de Cobija y el comercio, además de las
actividades mineras que se activan con los animales de tiro y con el ganado para
alimentar a los mineros/obreros en torno a los yacimientos de plata, cobre y
salitre.
En
este contexto, es importante destacar que la población que articulaba
Atacama, no era sólo la atacameña, sino que continuaba la
presencia y relaciones con las poblaciones del altiplano -Lípez y
Chichas-, como también la puneña argentina, que se dio fuertemente
en el siglo XIX; de este modo, Atacama seguía siendo
“interdigitada”.
El
interior de la región tenía dos tipos de funciones
económicas importantes: minería y arriería. La primera
actividad se vinculaba con los yacimientos de cobre que estaban activos en la
cordillera de la costa; más al interior con el salitre -con mayor
productividad hacia 1860-, y con las explotaciones de plata por el año
1860. Estos centros productivos ya revelaban la vocación minera de esta
región.
La
segunda dimensión económica -la arriería- operaba en un
campo de acción bastante amplio: desde correo oficial hasta el transporte
particular de todo tipo de bienes. En la medida que aumentaba la actividad
minera y asimismo los centros mineros, se intensificaron las necesidades de
abastecimiento de insumos productivos, y con ello se incrementó
progresivamente el arrieraje del transporte de los bienes. Pero como las
condiciones ecológicas del desierto no pudieron proveer todas las
demandas, se abrieron circuitos de arrieraje muy activos desde el noroeste
argentino que proporcionaron ganado mayor -vacuno y mular-, hasta las zonas de
actividad económica en Atacama y en el pueblo de Cobija. San Pedro de
Atacama y sus áreas más cordilleranas, se constituyeron en puntos
de enlace en el aprovisionamiento de ganado mayor y
menor.
Este activo mercantilismo generó un intenso tráfico de bienes,
tanto en las zonas atacameñas como también en el noroeste
argentino.
La
población atacameña en estos tiempos del Estado boliviano, no
podía sostener su abastecimiento sólo con sus chacras y animales,
sino que ya dependía de los recursos monetarios que se originaban en
economías externas a sus comunidades y también con los recursos
naturales de valor comercial posibles de explotar. Por ejemplo, a medida que
avanza este siglo, destaca la comercialización de productos
cárneos a los centros mineros. En particular sobresalían el ganado
menor y la venta de leña para abastecer las necesidades de los centros
mineros, como Caracoles –plata-, que por aquel entonces tuvo un importante
crecimiento. Asociado a lo anterior, destaca también la
explotación de pieles de chinchilla y lana de vicuña. Con ello, se
generaban recursos para la subsistencia y para solventar las obligaciones
fiscales.
A
medida que se extiende la minería regional en el desierto y en la costa,
comienza también a poblarse el desierto con otros agentes sociales.
Así, la sociedad atacameña se vinculará con las nuevas
poblaciones, por ejemplo con los campamentos mineros a través de la
comercialización de productos alimenticios, forrajes, combustibles,
productos de caza y recolección, y menos por el
salario.
La
sociedad atacameña del siglo XIX, estará compuesta por comunidades
locales que no tienen reconocimiento oficial del Estado, por tanto carecieron
del estatus de corporaciones que ostentaron durante el siglo XVIII y comienzos
del XIX. En ella, estarán presentes las costumbres, instituciones y
prácticas con continuidad desde tiempos coloniales y en torno a la tierra
se asentarán sus vinculaciones económicas y sociales. En este
tiempo, predominaban dos grandes modelos de identidad colectiva en Atacama, por
una parte, la comunidad en la cual las identidades locales, las localidades, son
el nicho de la cultura -con atributos culturales y rasgos de
diferenciación cultural con otras poblaciones-, y la indígena, que
como categoría sociocultural, estará marcada por la
subordinación.
Son
comunidades con una matriz cultural que alberga una religiosidad
andino-católica y en relación con ella, una ética y moral
correspondiente a esta religiosidad indo-católica, y un tipo de
pensamiento dual aplicado en diversos aspectos de la vida religiosa,
organización social y en general en la vida cotidiana; todo ello, es el
resultado de más de tres siglos de vida indígena sujeta a un
sistema colonial. También, dentro de su organización social existe
una vida comunitaria asociada a un sistema de obligaciones sociales y
religiosas, que implicaba una estratificación derivada del prestigio
social alcanzado en la comunidad, más que en diferencias de
riquezas.
En
los umbrales de la Guerra del Pacífico, al menos en San Pedro de Atacama,
persistía el sistema de castas, distinguiendo familias de ancestro
español, criolla y ciertos mestizos como portadores de estatus y poder;
en la comunidad indígena, se le reconocían sus derechos de tierra
y ganado, pero se jerarquizaba a los caciques que tenían bienes y tierras
de importancia. Sin embargo, el estigma de “indios” los marginaba a
una situación racial y cultural. Consecuentemente, parte importante de la
“propiedad” atacameña pasa a manos de algunos hacendados
relacionados con el comercio del flete de ganado, concentrándose
así los primeros capitales en San Pedro de
Atacama.
Cajías, Fernando.
La
Provincia... Op. cit.:
153, 154. Y Gundermann, Hans. “Los atacameños del siglo XIX, una
Antropología Histórica Regional”. Documento de Trabajo
Nº 51. Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato. San Pedro de
Atacama. 2002. p. 8. Este último autor enfatiza algunas precisiones entre
el concepto de colonialismo y neo-colonialismo: “Para el siglo XIX de
Atacama, bajo el dominio de Bolivia, es posible hablar de relaciones
neocoloniales. Con posterioridad a este período lo que hay son relaciones
de subordinación, estas son poblaciones no sólo relativamente
marginales geográficamente, sino que en términos de relaciones de
poder son también subordinadas. Pero, lo que hay más tarde, luego
de la anexión a Chile, no es una subordinación neocolonial. Es un
tipo de subordinación moderna de poblaciones periféricas. Respecto
del concepto de relaciones coloniales, creemos que se ha empleado mucho en los
últimos años, pero con bastante poca precisión. Es
importante enfatizar que un adecuado análisis histórico debe
situar estas relaciones neocoloniales en contextos en donde ciertas
instituciones que arrancan desde tiempos coloniales son re-inventadas,
re-armadas. Puesto que son “nuevas” relaciones de tipo colonial, se
debe entender que no son puramente replicadas o reinstauradas, sino que es una
formula que entronca con relaciones coloniales, pero que se arma o establece con
importantes modificaciones y en relación con un contexto también
cambiado. Esto es importante de señalar para entender la arquitectura
política de la sociedad atacameña del siglo XIX boliviano”.
(Ibíd.: 10).
El 1º de julio de 1829, el Mariscal Andrés de Santa Cruz, como
Presidente de la República, dictó el siguiente decreto:
CONSIDERANDO: Que el Puerto de Lamar en la costa sur , provincia de Atacama, es
el único que proporciona a la república las ventajas del comercio
marítimo; y que por lo mismo es necesario adelantar este importante
establecimiento, por cuantas medidas dicte la prudencia, he venido a decretar y
DECRETO:
Art. 1º.— Del
pueblo de Cobija, puerto Lamar, en la provincia de Atacama, se erige su gobierno
Litoral, independientemente del departamento de
Potosí.
Art. 2º.—
El gobernador que fuere nombrado, se entenderá directamente con el
supremo gobierno, a quien pasará todas sus comunicaciones por el
ministerio que corresponda.