5.
Región Atacameña, Estado Chileno y Economías
Capitalistas
El
período que se enmarca hacia fines del siglo XIX, se inicia con la
invasión militar chilena a la región y con la consecuente
anexión territorial de la zona de Atacama al Estado de Chile. Desde 1879
en adelante, la zona experimenta bruscos cambios porque con el alza de la
explotación y exportación de salitre -y posteriormente el cobre-
aumentó sustantivamente la población. Este es un momento clave en
la historia de Atacama y en un sentido más global, también, porque
se asiste al nacimiento del
capitalismo.
5.1.
El orden Republicano
chileno... miradas distantes
Terminada
la Guerra del Pacífico, recién en el año 1883 la
región se incorpora a la soberanía chilena junto con el resto de
la Puna, aunque “de facto”. Fue en 1888 que por ley se crea el
Departamento de Antofagasta, donde se establece a San Pedro de Atacama como
capital de la 9ª subdelegación que incluía pueblos y
asentamientos del Salar, y los territorios de la puna de
Atacama.
En el año 1885 -y ya consolidando el dominio geopolítico sobre la
región- se maximizó la explotación minera del desierto como
también las políticas de Integración Nacional en los planos
de la
jurisprudencia.
Sin embargo, catorce años más tarde Chile debió ceder a
Argentina una porción de esta región, de acuerdo a un juicio
arbitral a cargo del Gobierno de los Estados Unidos. Estos cambios en
términos administrativos, consiguieron demarcar fronteras en un
territorio aún percibido por los atacameños como uno sólo;
donde también “... cada burocracia estatal trató de
‘dibujar’, para sí misma, una determinada
representación de los espacios, territorios, poblaciones y riquezas,
necesarias para fijar los límites del ejercicio de la
soberanía...”.
La
mirada de los funcionarios chilenos hacia los indígenas de la puna, fue
la de comunidades aisladas de todo contacto externo y al margen de la “...
civilización y el
progreso...”.
La siguiente cita da cuenta de esta percepción, junto con la
distinción de la población:
“Mientras
los indios del lado occidental viven reunidos en poblaciones, los del lado
oriental viven apartados unos de otros... De allí proviene el relativo
adelanto de los que llamaré ‘occidentales’, mientras que los
orientales están aún casi en las tinieblas del
coloniaje.”
Asimismo,
los exploradores Bertrand y San Román, también diferenciaban a los
indios “civilizados” de San Pedro de Atacama, de aquellos de
“raza pura” de la puna; los últimos eran descritos como de
aspecto repugnante y en estado semisalvaje, entre los límites de la
humanidad y
animalidad.
La siguiente cita, explica más claramente esta visión de fines del
siglo XIX:
“Estábamos
en plena puna de Atacama, en medio de aquella raza indígena degenerada,
uraña a todo contacto con el hombre social; envilecida por la
humillación; embrutecida por una ignorancia que excluye toda
noción de cultura i lleva cada día más i más a esas
pobres jentes al divorcio con toda idea de
civilización.”
La
población indígena localizada en la puna no fue considerada como
potencialmente chilenizable y en parte también, se excluía a la
localizada en las tierras bajas de la subdelegación. Desde la
visión chilena, la categoría “indio” no tenía
alguna relación con un tipo de pertenencia nacional: “Según
el intendente de Antofagasta, la única dificultad que presentaba la
administración de San Pedro de Atacama era la falta de chilenos, pues sus
habitantes son en casi su totalidad
indios”.
Prima hacia los inicios del período republicano, un discurso de
marginalidad y aislamiento respecto de los indígenas, pero hubo voces
indígenas, aunque escasas en la documentación, representadas por
sus dirigentes que interlocutaron con los poderes regionales y nacionales,
incorporando el manejo de sistemas gráficos en su interpelación
ante las
autoridades.
En
un segundo momento, las políticas de constitución de
soberanía y el proceso intenso de chilenización en los territorios
atacameños, se materializarán a comienzos del siglo
XX:
“...
a los atacameños se les obligó a nacionalizarse como chilenos o,
al contrario, a optar por permanecer como bolivianos y -en ese caso- a abandonar
sus tierras (...) Si bien se trata de una situación que no terminó
con “el problema del indio” como se lo llamó también
en otros países de América Latina, si puso fin a su fase de
violencia más abierta y dio paso a un proceso de implantación de
las estructuras estatales en la zona (...) los indios de Chile saldrán de
los discursos oficiales como objeto de preocupación nacional y
quedarán básicamente relegados a una discusión
aparentemente de carácter mas bien
regional...”.
Como
se revisó anteriormente, a comienzos del siglo XIX la independencia de
las colonias americanas por sobre la corona española, también
planteó la cuestión de la igualdad entre los distintos segmentos
sociales que ya estaba entretejida y construida en la colonia: “...los
‘indios’, una categoría estamentaria originada en un
ordenamiento colonial con claras huellas feudales, era uno de
ellos...”.
Lo que se buscaba era la implantación de principios republicanos y
democráticos a través de la igualdad formal y de la
soberanía ejercida por los propios ciudadanos en un concepto mayor de
construcción de nación. Sin embargo, para los indígenas,
tanto la igualdad como la ciudadanía, en los hechos no fue
real.
El Estado entonces, resolvió la cuestión de las sociedades
indígenas por medio de la asimilación, a través de medidas
tendientes a la desaparición de la distintividad e identidad
étnica en la fusión con la población mayoritaria; al menos
en los atacameños del norte de Chile se manifiesta “... la
existencia de procesos de asimilación y un activo involucramiento
indígena en la incorporación desde el momento en que estos
territorios pertenecían todavía a
Bolivia...”.
De
este modo, para el Estado chileno la zona del interior no tenía
importancia, excepto cuando se trataba de temas fronterizos. Lo que realmente
importaba y en lo que el Estado se hacía presente, era la zona salitrera
y los puertos, manifestándose través de la permanencia de
pequeños destacamentos de guardias, policías y algunos
administrativos como los
subdelegados.
En definitiva, todo el proceso de instauración de la soberanía
chilena sobre los territorios anexados, particularmente en las regiones
cordilleranas, no tuvo una presencia estatal sólida, remitiéndose
al nombramiento de autoridades locales, sólo si la jurisdicción
chilena peligrase; aquí los indígenas representaban una
población heredada dentro del proceso de anexión
territorial.
El territorio del interior se abre a un intenso proceso de chilenización,
porque definitivamente durante la posguerra del Pacífico, la
administración chilena se hace cargo de territorios y poblaciones andinas
‘marginales’ y de difícil ‘lectura’, toda vez que
hasta esa época la visión de la construcción de una idea de
país, no contaba con gentes, culturas y tierras altoandinas.
5.2.
Una relación moderna entre Estado y población indígena en
Atacama
El
Estado reconocerá a esta población de Atacama como eventuales
ciudadanos, al menos de un modo nominal, y esta será la imagen de la
relación moderna que se separará de la previa experiencia
boliviana.
Al
momento de la ocupación chilena, se señaló que quedaban
abolidas las obligaciones fiscales -contribución indigenal-, indicando
que en lo sucesivo, el ejército de Chile, el Estado, el gobierno y los
funcionarios del Estado, tratarían a la población indígena
como un habitante más de la región. Esta imagen se distingue y se
separa diametralmente de la relación neocolonial entre el Estado
boliviano y la población indígena de esta zona durante el siglo
XIX. Pero sin embargo, aquella fue una acción interesada que claramente
se dirige a ganar la voluntad de la población indígena y doblegar
una eventual
resistencia.
La
idea de que todos los individuos serán tratados en iguales condiciones,
marcará un cambio importante, porque en la práctica la
visión de los propios agentes del Estado, fue la de tratarlos como
obreros, campesinos, trabajadores de la faena, pequeños productores,
habitantes rurales, gente de la zona interior y no como
indígenas,
es decir que esa “modernidad” significó la negación de
una identidad propia, puesto que fue asimilacionista.
En
relación con la chilenización, se organizaron -a modo de las
brutales ligas patrióticas- persecuciones en términos de que los
bolivianos debían ser expulsados a Bolivia; otro tanto importante
ocurrió en la primera región con los peruanos que debieron
refugiarse en el Perú. Este proceso generó también pautas
nacionalistas y racistas entre los
chilenos,
visión que en lo sucesivo se incrustará durante el siglo. El
proceso de chilenización se intensificará con el establecimiento
de numerosas escuelas en el norte del país. Así, en las primeras
décadas del siglo XX aumentó la escolaridad en las zonas
atacameñas, donde al menos en las comunidades más importantes
había escuelas. Esta estructura estatal implantada en la zona, si bien
opera como un instrumento de “chilenización” y por tanto de
occidentalización, las transformaciones que tuvieron lugar, en cierta
medida influyeron para que dentro de las mismas comunidades surgiera la
inquietud por integrarse al sistema
educacional.
Pero la escuela tuvo sus antecedentes más antiguos en la
administración del General Francisco de Argumaniz Fernández,
porque en 1777 se fundó una de las escuelas más tempranas en la
región, en Toconao. Con todo, en el siglo XX se inicia en buena medida,
la chilenización de estas zonas
fronterizas.
5.3.
Campesinado andino atacameño y economías de enclave en
perspectiva
El
patrón de integración regional atacameño, tendrá
relación con la vida rural de los pequeños productores
atacameños. Desde el punto de vista económico, en el
período entre los años de 1879 y 1929, se constata una mayor
incorporación al mundo obrero. Si se recuerda, esta es la época
más activa del ciclo salitrero en la región que demandó
muchos recursos alimenticios, animales y transporte. Algunas de estas demandas
se canalizaban en dirección a la fuerza de trabajo y en los recursos que
manejaban las comunidades andinas, junto con la incorporación
atacameña al ciclo salitrero a través de las actividades de
arriería y mano de
obra.
Alrededor
de 1930, los pobladores de Atacama se ocupaban en las actividades agrarias,
arriería, crianza de animales, etc., y a partir de esa fecha,
comenzarán a concentrarse en la minería, ya sea migrando a las
salitreras o hacia
Chuquicamata.
La inserción en la sociedad chilena, se verá facilitada por la
conexión con las estructuras urbanas de este centro
minero.
A
fines de la década del treinta, el Estado chileno se hace socialmente
incluyente y los sectores sociales pasan a formar parte de un proyecto de
sociedad que buscará el progreso y la modernidad. El Estado buscaba que
las poblaciones indígenas fueran incluidas a través de la
participación ciudadana en la expresión del ejercicio de derechos
civiles, políticos, inclusión en los accesos a servicios y
colaboración social desde el
Estado.
Entre
la promulgación de la Constitución de 1925 y la crisis
económica de 1930, que implicó graves desajustes en las
economías locales, particularmente en las comunidades atacameñas,
“... aparecen las leyes sociales, además de una orientación
corporativista, con la fundación de la Corporación de Fomento de
la Producción (CORFO) en
1939...”,
que promovió un cambio del rol del Estado, posibilitando la
intervención de sus funcionarios en asuntos locales.
Después
de la crisis de 1929, se suceden una serie de acontecimientos que impactaron en
la economía atacameña y donde el Estado intervino. Primero, y por
la crisis del salitre, no sólo hubo despidos masivos producto del cierre
de las oficinas del desierto, sino que disminuyó notablemente la demanda
de carne y en general de aquellos bienes de carácter alimenticio, donde
los atacameños -como intermediarios- tuvieron un rol importante en dichos
abastecimientos; con ello se quiebra el sistema de arreo de ganado hacia las
salitreras, situación que ya venía gestándose en parte, con
los efectos del ferrocarril Oruro-Antofagasta. A lo anterior se suma otra
construcción ferroviaria, ahora entre Salta-Antofagasta -1948-, golpeando
severamente este sistema de tráfico. Ante esto, interviene la presencia
gubernamental a través de personeros del Estado, en atención a la
productividad y nuevas alternativas económicas. Para tal efecto, se
suceden las cooperativas, comités y asociaciones.
5.4.
Políticas y sociedad atacameña a mediados del siglo
XX
El
tramo de esta historia tiene un momento desarrollista que comienza con la gran
crisis de 1930 y termina en 1973 con otra crisis, esta vez de tipo
político; y desde allí, se abrirá un largo período
autoritario hasta el retorno de la democracia. Desde una visión
más global, entre los años de 1930 a 1970, será una
época que se caracterizará por la presencia de un Estado
desarrollista, puesto que en el país se implementa un modelo de
desarrollo de sustitución de importaciones en lo económico, que
apunta a resolver a través de la industrialización la
crónica dependencia exterior que mantenía el país.
Precisamente fue esa dependencia, uno de los factores que llevó a que la
crisis financiera mundial -1929- tuviera consecuencias muy dramáticas en
Chile.
El
Estado, también mostró más interés y
preocupación por la inclusión social de tipo desarrollista
modernizante que propendía acciones de integración, donde los
valores de progreso, cambio y participación estuvieron muy presentes. Una
intensa incorporación de estos valores se reflejó en la
población indígena y asociado a ellos también, intensos
cambios culturales. Es así como la documentación de la
década de 1950 y 1960, alude a las organizaciones atacameñas en
este impulso interno modernizador, en demandas de caminos, escuelas, vías
de transporte, profesorado, mejores servicios educativos, desarrollo, etc.
Además, los atacameños -ya por los años de 1930- crean
numerosas organizaciones y actividades dentro de las cuales se encuentran las
organizaciones de fútbol, campeonatos, olimpiadas entre comunidades, etc.
También surgen otras organizaciones que señalan modernidad de
ciertos aspectos de esta sociedad: centros de hijos de pueblo, centros para el
progreso de las comunidades,
etc..
La
sociedad atacameña entre 1940 y 1960, comienza a abandonar su
condición rural y se conecta más a las ciudades cercanas,
sobretodo a Calama, dependiendo fuertemente de la minería y de las
actividades urbanas. En estos tiempos, las actividades agropecuarias no alcanzan
a cubrir el sustento de una familia
atacameña,
lo que implicó la disgregación de la fuerza laboral en el trabajo
asalariado básicamente en la actividad
minera.
En
este contexto, también es necesario mencionar el arribo de familias
“yugoeslavas” a los oasis de San Pedro de Atacama. Las familias
Ivanovic, Yutronic, Radic y otras, lograron concentrar grandes ganancias y con
el tiempo fueron adquiriendo tierras de atacameños. La familia Yutronic,
por ejemplo, representa el paso de un comercio próspero al manejo de
grandes propiedades o fincas situadas en suelos muy fértiles, -Yaye,
Cucuter, Solor, Checar y Quitor-. Esta llegó a ejercer una fuerte
influencia económica en toda la población de los oasis de San
Pedro, tanto en la formación de grandes propiedades como en la
canalización de las aguas de
regadío.
Políticas
de desarrollo paralelas al Estado, se implementaron a través del Plan
Cordillera -1955-, cuyo objetivo fue generar actividades para la
reactivación en las áreas agrícolas, ganaderas y
artesanales de las comunidades atacameñas. Esta iniciativa fue impulsada
por la Iglesia Católica y la Universidad del Norte, desde la ciudad de
Antofagasta. Estas instituciones en la implementación del Plan
Cordillera, se introdujeron en varios poblados atacameños, tanto en
algunos valles y oasis del Loa, como también en los de la Cuenca del
Salar de Atacama. Un caso interesante fue su influencia en la comunidad de Peine
-último pueblo atacameño hacia el sur, antes de comenzar el
“Despoblado de Atacama”-, la cual indica que la misión
católica, aun cuando bajo la figura de reactivación agraria,
artesanal, etc., fue sostenida y aún recordada por la
comunidad.
La
intervención de los militares del gobierno autoritario en los territorios
atacameños del interior de la segunda región, respondió al
propósito de integrar estos “territorios marginales” a la
soberanía nacional y endurecer las fronteras a través de la
presencia activa del Estado. Esta importancia geopolítica
implementó una serie de acciones que generaron subsidios, apoyo
alimenticio, escuelas de concentración fronteriza, junta de auxilio
escolar y becas, asistencia social, operativos de salud; que, aunque
siguió una pauta vertical, fue eficiente, pero no
democrática.
El gobierno autoritario en el interior de Antofagasta, imprimió lo
nacional por sobre la historia local y será el momento de la presencia de
un Estado que “borra” y niega lo atacameño, y en
términos más ampliados, lo indígena en Chile.
Ante
los problemas fronterizos se generó también un fuerte proceso de
chilenización en la población andina, principalmente con la
proliferación de una serie de escuelas de concentración
fronteriza, en las cuales primaba un discurso de integración con la
realidad nacional chilena, que resaltaba los valores patrios y símbolos
nacionales de la historia de
Chile.
La
municipalización del espacio andino es una acción derivada de la
reforma político- administrativa de principios de 1980, con la que se
pretendió alcanzar efectos de descentralización -aunque más
bien tendió a la desconcentración de la gestión del
Estado-. De este proceso se crearon dos nuevas comunas fronterizas: San Pedro de
Atacama y
Ollagüe,
mecanismos utilizados también para chilenizar a la población
atacameña a través de una orientación
asistencialista.
En este contexto, hubo una intervención directa del Estado a
través de la municipalización, e incorporación de
organismos privados como las ONGs que generaron una interrelación entre
la sociedad criolla y
atacameños.
En
materia de legislación, lo indígena y las comunidades, así
como los recursos naturales tan importantes como el agua, se afectaron
notablemente. El período militar significó un retroceso en lo que
en materia de legislación indígena se refiere, porque quedaron
inoperantes los cuerpos legales que habían sido promulgados en el
gobierno de Salvador Allende -Ley 17.729-, y con ello se afectaron las
comunidades indígenas a través de la división de ellas por
el D. L.
2568:
“... Artículo Iº- Sustitúyese el Título I de la
Ley número 17.729 -De los indígenas y de las tierras
indígenas-, por el siguiente: De los Indígenas, de las Tierras
Indígenas, de la división de las Reservas y de la
liquidación de las Comunidades
Indígenas...”.
Con
la vigencia del nuevo Código de Aguas -D.F.L. Nº 1.222 del
año 1981-, se otorgó a los particulares, mediante un derecho de
aprovechamiento de ellas, derecho real que pasa a ser de propiedad del titular
quien puede usar, gozar y disponer de su derecho en conformidad con la ley. Este
derecho es transferible, transmisible y prescriptible, y se constituye en un
acto de autoridad, independiente si el solicitante es dueño o no, de la
tierra donde está ubicada el agua. En consecuencia, comienza un
progresivo desecamiento de vegas y
bofedales.
El nuevo Código, al separar el derecho de agua del derecho de la tierra,
posibilita que particulares ajenos a las comunidades obtengan derechos y
aprovechamiento sobre las aguas ubicadas en las comunidades indígenas, y
que históricamente les han pertenecido. Tampoco se reconoce el derecho
ancestral de las comunidades sobre este recurso, al posibilitar la
inscripción de estos por terceros, en el caso de que las aguas no se
encuentren inscritas. Además, se desconoce a la comunidad como
organización tradicional susceptible de ser propietaria de derechos de
aprovechamiento de las aguas, puesto que la solicitud no puede ser hecha por la
comunidad como tal, sino que por sus miembros individualmente considerados. En
el caso de la comunidad legal, cualquiera de sus miembros puede enajenar sus
derechos en ella, a un tercero. Finalmente, el procedimiento para solicitar
derechos de aprovechamiento es complejo y
costoso.
Esto
se vio más agravado, porque bajo el gobierno militar las presiones del
mercado hacia la enajenación de los recursos productivos
indígenas, como por ejemplo el agua hacia los enclaves mineros, fue
facilitada por las políticas y legislación abiertamente orientadas
al
capital.
Todo esto promovió, que los particulares y empresas mineras
contravinieran los intereses de las comunidades atacameñas, lo que no
sólo generó problemas legales, sino también de
mantenimiento de las ya precarias condiciones
agrarias.
La
intervención de las acciones del gobierno autoritario en estas zonas,
entonces, no tuvieron que ver con una preocupación sobre lo
indígena, sino más bien por los intereses del mundo militar acerca
de estos territorios fronterizos e intereses económicos de esta
región minera. De este modo, la mirada nacional no será la mirada
étnica sobre la población; lo étnico será
folclorizado. Con todo esto, habrá un reforzamiento y exacerbación
de la idea de la identidad nacional basada en una comunidad única que no
visibiliza y menos deja espacio a la población
indígena.
Es importante recordar que Bolivia ya estaba en la órbita capitalista
(Cajías, Fernando.
La
provincia... Op. cit.:
224).
Hidalgo, Jorge. “Descomposición cultural de Atacama...” Op.
cit.: 232, 233, 245.
Gundermann, Hans. “Los atacameños del siglo XIX...” Op. cit.:
25.
Habría
que recordar también, que desde comienzos del siglo XIX la mayoría
de la población masculina de Atacama engrosó la lista de los
“enganchados” a la pampa, y con lo cual comenzará un brusco
cambio en el patrón de subsistencia de los atacameños. En:
“Informe Final. Subgrupo de Trabajo Pueblo Atacameño”. Op.
cit.
Subgrupo de Trabajo Pueblo Atacameño. “Informe Final”. Op.
cit.: 49.